Una vez más nos sorprenden los desatinos y la falta de sentido común en las resoluciones con las que se supone se pretende paliar situaciones de crisis y contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
A raíz de la consulta realizada en nuestra Defensoría del Pueblo por un desesperado vecino de nuestra Ciudad de Avellaneda, hemos llegado a la triste conclusión que ser afiliado a PAMI, fallecer y tener familiares que no cuenten con recursos para afrontar los gastos del sepelio, se ha convertido en una penosa peregrinación entre organismos silenciosos que no tienen piedad por la desgracia ajena.
Hasta mayo de 2006, momento en que entro en vigencia el Decreto 599/06, era el PAMI quien se hacia cargo de los gastos de sepelio del afiliado, hasta la suma de $450 que si bien era menor se contaba con ella en el momento mismo del fallecimiento. Los familiares, solo debían presentar en la cocheria el recibo del afiliado, el certificado de defunción y acreditando el vinculo, la empresa llevaba a cabo el sepelio y luego cobraba el servicio directamente a PAMI.
Sin embargo, aunque carezca de toda lógica, el sistema se ha modificado, dejando una vez mas desamparados a los que menos tienen. En este caso a quienes han perdido a un ser querido y no cuentan con recursos, se les suma la necesidad de reunir dinero del modo que sea para acceder a la posibilidad de un sepelio digno y realizar diversos tramites para en algún momento, y con mucha suerte, cobrar el denominado “Subsidio de contención familiar”.
A partir de la promulgación del mencionado decreto, PAMI ya no interviene y es el ANSES, quien con demoras, paga los subsidios. Cabe aclarar que el subsidio es solo por $1.000,- que solo alcanzan para cubrir parte de los gastos de sepelio. Se inicia presentando la documentación en el Correo Argentino y luego ANSES, una vez cotejada la documentación será quien otorgue el beneficio. El gran inconveniente que presenta este perverso sistema es que el dinero no se percibe al momento de tener que afrontar los gastos en la cochería, sino que ANSES lo paga luego de varios meses, que en algunos casos han llegado al aniversario.
Del propio texto del Decreto 599/06 se desprende que el sistema se ha gestado con el fin de amparar a los mas desprotegidos de la sociedad y que atento la ley 25.561 que declarara la emergencia publica, con ello se pretendió brindar mayor atención a las familias ante situaciones extremas. Esto dice la norma pero en la practica parece no poder plasmarse.
Ahora, uno puede preguntarse, que sucede si al momento del fallecimiento la familia no cuenta con dinero para afrontar el servicio. El Decreto 933/06 vino a aclarar el modo de gestión del subsidio y las personas que podían presentarse a esos efectos. En el art. 8 se menciona que la orden de pago extendida por el Correo Argentino al momento de iniciar el tramite, podrá ser cedida a las cocherias como parte de pago de los gastos efectuados. En la practica, las cocherias no lo aceptan, pues conocen acabadamente la lentitud en el reintegro del dinero.
El 5 de enero del corriente el Diario Clarín publico una nota al respecto. En el texto de la misma se mencionan dos casos en los que la justicia debió intervenir para obligar al PAMI a sepultar a dos afiliados pues sus familiares no tenían dinero para los funerales y veían como los cuerpos se “descomponían” en sus domicilios. Esto es lo que sucede cuando no se cuenta con recursos en el momento en que sucede el hecho.
El desatino en la creación, instrumentación e implementación de este sistema se evidencia en la practica. Este tortuoso circuito no funciona en un país como el nuestro, en el que cada día que transcurre son mas los excluidos del sistema y en donde no causa asombro que un ciudadano común no pueda afrontar los gastos de un entierro digno. Es descabellado pensar que el cobro del subsidio resulte aliviador luego de meses de producida la muerte del familiar y que no es inhumano para una persona que acaba de perder a un ser querido, tener que peregrinar golpeando puertas de organismos ausentes, intentando obtener una respuesta coherente cuando el sistema no lo es.
Seria mucho mas sencillo y menos doloroso, que en estos casos bastara con acreditar el fallecimiento y la falta de recursos, y obtener en el momento el dinero para poder abonar el servicio, que mas allá de toda dialéctica, no es para nada agradable.
Insisto, el sistema es macabro y carente de toda lógica. Los que tengan competencia para ello deberían modificarlo de manera urgente
Dr. Sebastián Vinagre
DEFENSOR DEL PUEBLO DE AVELLANEDA
A raíz de la consulta realizada en nuestra Defensoría del Pueblo por un desesperado vecino de nuestra Ciudad de Avellaneda, hemos llegado a la triste conclusión que ser afiliado a PAMI, fallecer y tener familiares que no cuenten con recursos para afrontar los gastos del sepelio, se ha convertido en una penosa peregrinación entre organismos silenciosos que no tienen piedad por la desgracia ajena.
Hasta mayo de 2006, momento en que entro en vigencia el Decreto 599/06, era el PAMI quien se hacia cargo de los gastos de sepelio del afiliado, hasta la suma de $450 que si bien era menor se contaba con ella en el momento mismo del fallecimiento. Los familiares, solo debían presentar en la cocheria el recibo del afiliado, el certificado de defunción y acreditando el vinculo, la empresa llevaba a cabo el sepelio y luego cobraba el servicio directamente a PAMI.
Sin embargo, aunque carezca de toda lógica, el sistema se ha modificado, dejando una vez mas desamparados a los que menos tienen. En este caso a quienes han perdido a un ser querido y no cuentan con recursos, se les suma la necesidad de reunir dinero del modo que sea para acceder a la posibilidad de un sepelio digno y realizar diversos tramites para en algún momento, y con mucha suerte, cobrar el denominado “Subsidio de contención familiar”.
A partir de la promulgación del mencionado decreto, PAMI ya no interviene y es el ANSES, quien con demoras, paga los subsidios. Cabe aclarar que el subsidio es solo por $1.000,- que solo alcanzan para cubrir parte de los gastos de sepelio. Se inicia presentando la documentación en el Correo Argentino y luego ANSES, una vez cotejada la documentación será quien otorgue el beneficio. El gran inconveniente que presenta este perverso sistema es que el dinero no se percibe al momento de tener que afrontar los gastos en la cochería, sino que ANSES lo paga luego de varios meses, que en algunos casos han llegado al aniversario.
Del propio texto del Decreto 599/06 se desprende que el sistema se ha gestado con el fin de amparar a los mas desprotegidos de la sociedad y que atento la ley 25.561 que declarara la emergencia publica, con ello se pretendió brindar mayor atención a las familias ante situaciones extremas. Esto dice la norma pero en la practica parece no poder plasmarse.
Ahora, uno puede preguntarse, que sucede si al momento del fallecimiento la familia no cuenta con dinero para afrontar el servicio. El Decreto 933/06 vino a aclarar el modo de gestión del subsidio y las personas que podían presentarse a esos efectos. En el art. 8 se menciona que la orden de pago extendida por el Correo Argentino al momento de iniciar el tramite, podrá ser cedida a las cocherias como parte de pago de los gastos efectuados. En la practica, las cocherias no lo aceptan, pues conocen acabadamente la lentitud en el reintegro del dinero.
El 5 de enero del corriente el Diario Clarín publico una nota al respecto. En el texto de la misma se mencionan dos casos en los que la justicia debió intervenir para obligar al PAMI a sepultar a dos afiliados pues sus familiares no tenían dinero para los funerales y veían como los cuerpos se “descomponían” en sus domicilios. Esto es lo que sucede cuando no se cuenta con recursos en el momento en que sucede el hecho.
El desatino en la creación, instrumentación e implementación de este sistema se evidencia en la practica. Este tortuoso circuito no funciona en un país como el nuestro, en el que cada día que transcurre son mas los excluidos del sistema y en donde no causa asombro que un ciudadano común no pueda afrontar los gastos de un entierro digno. Es descabellado pensar que el cobro del subsidio resulte aliviador luego de meses de producida la muerte del familiar y que no es inhumano para una persona que acaba de perder a un ser querido, tener que peregrinar golpeando puertas de organismos ausentes, intentando obtener una respuesta coherente cuando el sistema no lo es.
Seria mucho mas sencillo y menos doloroso, que en estos casos bastara con acreditar el fallecimiento y la falta de recursos, y obtener en el momento el dinero para poder abonar el servicio, que mas allá de toda dialéctica, no es para nada agradable.
Insisto, el sistema es macabro y carente de toda lógica. Los que tengan competencia para ello deberían modificarlo de manera urgente
Dr. Sebastián Vinagre
DEFENSOR DEL PUEBLO DE AVELLANEDA
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